La política de firma electrónica es el conjunto de normas de seguridad, organización, técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican y gestionan firmas electrónicas, incluyendo las características exigibles a los certificados de firma, según define del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. En el documento de política de firma se determinan, por tanto, los procesos de creación, validación y conservación de firmas electrónicas y las características y requisitos de los sistemas de firma electrónica, certificados y sellos de tiempo usados en el ámbito de actuación de las Administraciones públicas.

El artículo 18 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, indica que las Administraciones públicas aprobarán y publicarán su política de firma electrónica y de certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la Disposición Adicional primera, que podrá convivir junto con otras políticas particulares para una transacción determinada en un contexto concreto.

El artículo 13 g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece como derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley.

Las funciones básicas de la firma electrónica son:

• Identificar al firmante de manera inequívoca.
• Verificar la integridad del documento firmado. Permite comprobar que el documento firmado es exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación alguna.
• Asegurar que el firmante no puede repudiar lo firmado. Los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede demostrar que no ha firmado el documento.

- Puede acceder al documento de política de firma electrónica a través del enlace: Política de firma electrónica  

- Podrá encontrar más información sobre la firma electrónica en el Portal de Administración Electrónica